“Estamos bastante avanzados en la discusión parlamentaria y hacemos un llamado a que la Comisión pueda dar cumplimiento al plazo que se autoimpuso al momento de calendarizar las sesiones, para constituir el primer hito legislativo de la votación en general, que sería el día 25 de enero”, dijo este martes la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, luego de asistir a una nueva sesión de la Comisión de Trabajo, instancia en la que se tramita el proyecto de ley que crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones.
La ministra agregó que “creemos que es un debate sumamente importante para la ciudadanía, que la reforma de las pensiones es un tema que no puede seguir esperando y que tenemos, por cierto, toda la disposición como Gobierno para acoger mejoras que se han ido proponiendo con el objetivo sustantivo de poder mejorar las pensiones”.
En la sesión de la Comisión de Trabajo también participaron el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, donde expusieron el informe sobre Evaluación de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), sumándose a la sesión especial que el Gobierno ya realizó en dicha instancia sobre la reorganización de la industria previsional.
De este modo, solo queda una sesión especial donde el Gobierno deberá exponer sobre las tasas de reemplazo, quedando la comisión en condiciones, según lo establecido por su propio itinerario, para votar en general el proyecto este mes.
El Informe sobre Evaluación de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones se puede revisar completo en el sitio web de la Dirección de Presupuestos.
Autonomía del IPPA
Además del Informe de Sustentabilidad, uno de los puntos que se debatió en la Comisión de Trabajo este martes fue la autonomía de la nueva institucionalidad que se creará con la reforma de pensiones. Ante ello, la ministra Jeannette Jara señaló que “no es intención del Ejecutivo que los fondos previsionales sean objeto de la captura de ningún gobierno. Por el contrario, lo que ha sido el objetivo es que podamos hacer con esto un nuevo diseño de carácter institucional más cercano a la seguridad social, ponderado, mixto, y sacar este monopolio privado que han tenido las AFP, en la cual han ejercido cierto el monopolio económico sobre fondos equivalente al 60% del Producto Interno Bruto en Chile”.
El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, en tanto, destacó la independencia y autonomía del Consejo que encabezará el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), que “garantizará el blindaje de los ahorros previsionales que se destinarán a los pagos de las futuras pensiones”.
“El IPPA no estará administrado por los gobiernos de turno” reiteró Larraín. “Estamos abiertos a evaluar
medidas para fortalecer la autonomía” agregó.
De la misma forma, reafirmó a los diputados que el proyecto de reforma establece “que la pensión del Seguro Social estará respaldada por los ahorros del Fondo Integrado de Pensiones (FIP) y lo que expusimos hoy es que los fondos acumulados respaldan los pagos de pensiones, y superan en 15 veces estos pagos”.
Estado de avance del proyecto
Cabe recordar que el proyecto de ley que crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones ingresó al Congreso el 7 de noviembre. Al día siguiente, los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, comenzaron su presentación ante esa instancia legislativa, la que se extendió por dos sesiones adicionales en las que expusieron los documentos que acompañan al proyecto: el Informe Financiero, el Informe de Sustentabilidad y el Informe de Impacto Regulatorio.
Este último muestra que, junto con una mejora en las pensiones, la iniciativa legal, que se tramita con suma urgencia, también genera beneficios adicionales en otras áreas como el empleo, el mercado de capitales local y en el PIB per cápita del país.
Por ejemplo, respecto al mercado laboral se proyecta que la reforma previsional contribuirá a aumentar el empleo formal en un 2% en el largo plazo, y que la gradualidad de seis años en el aumento de la cotización del 6% con cargo al empleador y los cambios relacionados a los costos de administración de la capitalización individual amortiguarán potenciales efectos de corto plazo.
“Los beneficios entregados por el Seguro Social son condicionales a los aportes realizados por las personas cotizantes. Entonces, para aquellas personas de bajos ingresos, principalmente aquellas pertenecientes a los dos primeros quintiles, aumentan los incentivos a la formalidad, ya que los beneficios futuros que reciben en pensiones son mayores a los aportes realizados durante su vida activa. En consecuencia, existe un beneficio neto adicional de participar en la formalidad. Para el caso del primer quintil se estima un aumento en el empleo formal de 10,7% en el largo plazo”, se explica en el informe.
En dichas sesiones los ministros también explicaron a los parlamentarios el impacto esperado de la reforma en las pensiones. Así, por ejemplo, en el caso de una mujer pensionada, con una densidad de cotización de 50% y con un último salario de su vida laboral de $ 400.000, previo a la reforma tiene una pensión de $ 257.651, en base a una pensión autofinanciada (10%) de $ 63.734 y la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo monto es de $ 193.917.
Si estuviera en vigencia la reforma, para los mismos supuestos, la mujer obtendría una pensión total de $ 392.525, logrando una mejora de $ 134.874; es decir, un alza de 52%. Ese monto de jubilación considera la garantía de pensión que entregará el nuevo Seguro Social, por $ 67.828; una compensación por la mayor expectativa de vida para las mujeres, por $ 10.963; una PGU elevada a $ 250.000; y la misma pensión autofinanciada.
En el caso de un hombre pensionado con la misma densidad de cotización e igual último salario de referencia ($400.000), sin reforma tiene una pensión de $ 268.515, en base a una pensión autofinanciada de $ 74.598 y una PGU de $ 193.917.
Con la reforma previsional, su pensión subiría a $ 392.426, obteniendo una mejora en el monto de $123.911, lo que es igual a un alza de 46%. Lo anterior, en base a $ 67. 828 provenientes de la garantía de pensión del nuevo Seguro Social; la PGU de $ 250.000; y su pensión autofinanciada de $ 74.598.
El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el director nacional del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, también asistieron a una de las sesiones, donde expusieron sobre dos aspectos que contempla la reforma: la reorganización de la industria y la centralización de funciones de soporte en el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), que será el sucesor del IPS.
Con todo, la Comisión de Trabajo de la Cámara acordó sesionar tres veces a la semana, iniciando la ronda de audiencias, para votar la iniciativa en general durante este mes de enero. Desde noviembre a la fecha se han realizado 12 sesiones, incluyendo las dos de este martes 10 de enero.
En ellas han expuesto los economistas Paula Benavides, Eduardo Engel, Manuel Riesco, Bettina Horst, Ingrid Jones, Salvador Valdés, Andrés Solimano, David Bravo, Juan Bravo, Cecilia Cifuentes, Joseph Ramos y Leonardo Hernández; el exsuperintendente de Pensiones y de Valores y Seguros, Guillermo Larraín; la exministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar; el doctor en ciencias sociales, Hassan Akram; y el integrante del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff.
Para la sesión de esta tarde, se esperan las presentaciones de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; el ingeniero y economista, Cristóbal Huneeus; y el representante de la Fundación Sol, Marco Kremermann.